Los Centros Especiales de Empleo de Enfermos Mentales piden a la Administración que corrija la situación de los centros en Aragón.
Los representantes de los CEE de Enfermos Mentales mantuvieron una reunión con la viceconsejera de Economía y la directora gerente del INAEM, para exponer a la Administración la situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en Centros Especiales de Empleo (CEE), así como sus peticiones para tratar de corregir una situación que consideran injusta desde una política de integración laboral de las personas con discapacidad.
El pasado 27 de febrero, tras varios contactos previos, la Comisión de Centros Especiales de Empleo (CEE) de enfermos mentales de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Aragón (ACEEA) mantuvieron una entrevista con la viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Dª Isabel Artero Escartín, y la directora-gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Dª Ana Bermúdez Odriozola, para exponer la grave situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en CEE e intentar que la Administración ponga en marcha medidas que contribuyan a la incorporación del enfermo mental al mundo del trabajo
Los representantes de los CEE en esta reunión expusieron a la Administración la situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en Centros Especiales de Empleo (CEE), así como sus peticiones para tratar de corregir una situación que consideran injusta desde una política de integración laboral de las personas con discapacidad.
Por su parte, las dos representantes de la Administración coincidieron en que había que mejorar la situación actual y se mostraron muy receptivas a la incorporación de medidas que equilibren el acceso al trabajo de los enfermos mentales en CEE.
Pese a esta buena disposición, la Administración no ha dado todavía una respuesta que solucione este grave problema, que cada día hace más difícil la supervivencia de estos Centros Especiales de Empleo, dadas sus especiales características.
Actualmente, se calcula que el 25% de la población española está afectada por una enfermedad mental, y, dentro de este porcentaje, cada vez aumenta más el número de las personas a las que estas limitaciones les impide realizar una actividad laboral normal.
Posiblemente, en estos momentos es el colectivo más amplio entre los discapacitados, y si nos atenemos a los datos que se desprenden de los trabajadores minusválidos que prestan sus servicios laborales en Centros Especiales de Empleo, son realmente preocupantes. En Aragón existen 50 CEE en activo, que dan trabajo a más de 1.512 personas discapacitadas. El número de personas afectadas por enfermedad mental que trabajan en estos centros es de 73, distribuidas de la siguiente forma:
Integración Laboral Arcadia S.L..... 41
Servicios Parque Delicias S.L........ 16
Integración Social La Alfranca S.L. 7
El Cierzo y la Retama S.L.............. 5
Somontano Social S.L................... 4
Total................... 73
Es decir, que en Aragón, los enfermos mentales que trabajan en CEE no superan en el 5%, a pesar de ser el colectivo más numeroso.
Por discapacidades, se distribuyen de la siguiente forma:
58% discapacitados físicos y sensoriales
37% discapacitados psíquicos
5% personas con enfermedad mental
A pesar de la contundencia de estos datos, no se han adoptado medidas que corrijan esta desviación. El borrador de Decreto del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación estable y de calidad para el 2004, regula por primera vez una subvención para el personal de apoyo de los CEE que tengan en sus plantillas a trabajadores con discapacidad psíquicas o enfermedad mental. Esta medida supone un avance, ya que está reconociendo que estos centros precisan un apoyo adicional, pero es claramente insuficiente para corregir la marginación en el acceso al trabajo de la persona con enfermedad mental y acercar su porcentaje de integración al del discapacitado psíquico.
La integración de estas personas en el mundo laboral es una actividad compleja, que requiere de un gran número de monitores como personal de apoyo. No es una casualidad de que entre 50 CEE, sólo cinco se dediquen exclusivamente a la integración de este colectivo. La realidad nos demuestra que el mantenimiento de estas empresas requiere un fuerte apoyo social y reforzar sus plantillas con otro tipo de personal para asegurar su viabilidad.
Se pueden emplear diferentes sistemas: Desde las empresas que componen sus plantillas con personal exclusivamente formado por personas con enfermedad mental con un fuerte apoyo; o el que compone su plantilla con este colectivo y personal no discapacitado o equilibrar las diferentes discapacidades.
La experiencia en Aragón demuestra que la integración del enfermo mental sólo se ha conseguido con el modelo de integrar a enfermos mentales con la ayuda de personal de apoyo que actúen como encargados (modelo Arcadia). Esta integración requiere unas especiales atenciones que sólo puede proporcionar un CEE pensado para integrar a enfermos mentales.
Estos datos justifican la necesidad de que la Administración efectúe una discriminación positiva que equilibre la balanza existente entre el acceso al trabajo de los diferentes colectivos de discapacitados. No se trata de discriminar a otros colectivos, si no corregir una situación de marginación, que es una obligación del Gobierno de Aragón, de acuerdo con los principios de su política social.
La mejor fórmula, según la ACEEA, sería la firma de un convenio con los centros que trabajan con el colectivo de enfermos mentales, que está permitido legalmente por los 11 y 12 del R.D. 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.
Este convenio permitiría a los CEE que trabajan con este colectivo reducir los costes del personal de apoyo, percibiendo una compensación económica destinada a equilibrar su presupuesto como consecuencia de sus mayores costes. (Se precisa una persona por cada seis enfermos mentales). Teniendo en cuenta el coste total de un monitor (1.203 euros mensuales), el importe del convenio podría ser de 200,5 euros/mes por enfermo mental.
Un convenio dotado para el ejercicio 2004 con 175.638 euros (200,5 € x 73 trabajadores) permitiría el mantenimiento de los actuales centros, mejorando su actual estructura, y ampliar sus plantillas. El objetivo final sería equilibrar la incorporación de las diferentes discapacidades en los CEE.
En resumen, nos encontramos con un colectivo marginado por la Administración, que no ha efectuado reinvindicaciones colectivas ante la opinión pública como hicieron en su día las asociaciones de psíquicos y físicos, lo que lamentablemente puede explicar el olvido de la Administración. Las empresas y organizaciones que trabajan con este colectivo han renunciado a esta vía por entender, que dadas las características del enfermo mental la utilización de tal medida no sería la más adecuada. Se ha tratado de explicar los problemas de integración de este colectivo a la Administración, con la esperanza, que desde el conocimiento se adoptarían las medidas correctoras oportunas. El tiempo pasa y la situación permanece invariable desde hace 10 años.
No es un problema de presupuesto, sino de decisión política, el presupuesto existe, sólamente es una cuestión de distribución y de introducir nuevas fuentes de financiación para los Centros de Empleo. Reiteradamente se ha trasmitido a la Administración que el mantenimiento, en general de los CEE, no pasa con dotarlos de más subvenciones, sino de trabajo, ya que a medio o largo plazo las subvenciones se recortarán.
En este sentido, desde ACEEA se insiste en la necesidad de introducir medidas de discriminación positiva en las contrataciones de la Administración con los Centros Especiales de actividades susceptibles de ser realizadas por los mismos. Es urgente poner en funcionamiento el sistema de preferencia de los Centros Especiales en las contratas con la Administración. Esta preferencia, que no es discutida por ninguna de las partes, únicamente se ha traducido en declaraciones formales, se tiene que conseguir que se materialice y que se haga efectiva. En la medida que esto se lleve a cabo, las subvenciones serán menos necesarias.
Hay que afrontar este problema desde un punto de vista práctico. Los CEE no van a poder contratar proyectos superiores a 120.000 euros, ya que no tienen la clasificación para contratar con la Administración, ni posibilidades de obtenerla por el propio sistema de concesión de las mismas. Por lo tanto, la Administración tendría que fomentar la adjudicación directa de servicios inferiores a 30.000 euros, ya que es el límite legal para realizarlo de esta forma e incluir una preferencia para los CEE en las contrataciones inferiores a 120.000 euros que son las únicas a las que podrían actualmente acceder los CEE.
EN DICHO ENCUENTRO, LOS CEE DE ENFERMOS MENTALES PROPUSIERON A LA ADMINISTRACIÓN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1.- FIRMA DE UN CONVENIO al amparo de los artículos 11 y 12 del R.D. 2273/1985, por un importe de 175.638 € para el ejercicio 2004.
2.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN que analice las contratas que se realizan por importes que permiten su adjudicación directa, las actividades de los CEE y permitir la realización de las mismas por los CEE.
3.- INCLUIR LA PREFERENCIA EN LAS CONTRATAS DE LOS CEE, dando una puntuación elevada a estos centros en el apartado de valoración de los diferentes contratos y las UTE que se formen con los mismos, como medio para que los CEE obtengan la experiencia necesaria para que, en su caso, puedan acceder a la clasificación para contratar con la administración.
(Más información: Comisión de CEE de enfermos mentales de ACEEA TFO: 976 46 89 90)
Los representantes de los CEE de Enfermos Mentales mantuvieron una reunión con la viceconsejera de Economía y la directora gerente del INAEM, para exponer a la Administración la situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en Centros Especiales de Empleo (CEE), así como sus peticiones para tratar de corregir una situación que consideran injusta desde una política de integración laboral de las personas con discapacidad.
El pasado 27 de febrero, tras varios contactos previos, la Comisión de Centros Especiales de Empleo (CEE) de enfermos mentales de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Aragón (ACEEA) mantuvieron una entrevista con la viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Dª Isabel Artero Escartín, y la directora-gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Dª Ana Bermúdez Odriozola, para exponer la grave situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en CEE e intentar que la Administración ponga en marcha medidas que contribuyan a la incorporación del enfermo mental al mundo del trabajo
Los representantes de los CEE en esta reunión expusieron a la Administración la situación del colectivo de enfermos mentales que trabajan en Centros Especiales de Empleo (CEE), así como sus peticiones para tratar de corregir una situación que consideran injusta desde una política de integración laboral de las personas con discapacidad.
Por su parte, las dos representantes de la Administración coincidieron en que había que mejorar la situación actual y se mostraron muy receptivas a la incorporación de medidas que equilibren el acceso al trabajo de los enfermos mentales en CEE.
Pese a esta buena disposición, la Administración no ha dado todavía una respuesta que solucione este grave problema, que cada día hace más difícil la supervivencia de estos Centros Especiales de Empleo, dadas sus especiales características.
Actualmente, se calcula que el 25% de la población española está afectada por una enfermedad mental, y, dentro de este porcentaje, cada vez aumenta más el número de las personas a las que estas limitaciones les impide realizar una actividad laboral normal.
Posiblemente, en estos momentos es el colectivo más amplio entre los discapacitados, y si nos atenemos a los datos que se desprenden de los trabajadores minusválidos que prestan sus servicios laborales en Centros Especiales de Empleo, son realmente preocupantes. En Aragón existen 50 CEE en activo, que dan trabajo a más de 1.512 personas discapacitadas. El número de personas afectadas por enfermedad mental que trabajan en estos centros es de 73, distribuidas de la siguiente forma:
Integración Laboral Arcadia S.L..... 41
Servicios Parque Delicias S.L........ 16
Integración Social La Alfranca S.L. 7
El Cierzo y la Retama S.L.............. 5
Somontano Social S.L................... 4
Total................... 73
Es decir, que en Aragón, los enfermos mentales que trabajan en CEE no superan en el 5%, a pesar de ser el colectivo más numeroso.
Por discapacidades, se distribuyen de la siguiente forma:
58% discapacitados físicos y sensoriales
37% discapacitados psíquicos
5% personas con enfermedad mental
A pesar de la contundencia de estos datos, no se han adoptado medidas que corrijan esta desviación. El borrador de Decreto del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación estable y de calidad para el 2004, regula por primera vez una subvención para el personal de apoyo de los CEE que tengan en sus plantillas a trabajadores con discapacidad psíquicas o enfermedad mental. Esta medida supone un avance, ya que está reconociendo que estos centros precisan un apoyo adicional, pero es claramente insuficiente para corregir la marginación en el acceso al trabajo de la persona con enfermedad mental y acercar su porcentaje de integración al del discapacitado psíquico.
La integración de estas personas en el mundo laboral es una actividad compleja, que requiere de un gran número de monitores como personal de apoyo. No es una casualidad de que entre 50 CEE, sólo cinco se dediquen exclusivamente a la integración de este colectivo. La realidad nos demuestra que el mantenimiento de estas empresas requiere un fuerte apoyo social y reforzar sus plantillas con otro tipo de personal para asegurar su viabilidad.
Se pueden emplear diferentes sistemas: Desde las empresas que componen sus plantillas con personal exclusivamente formado por personas con enfermedad mental con un fuerte apoyo; o el que compone su plantilla con este colectivo y personal no discapacitado o equilibrar las diferentes discapacidades.
La experiencia en Aragón demuestra que la integración del enfermo mental sólo se ha conseguido con el modelo de integrar a enfermos mentales con la ayuda de personal de apoyo que actúen como encargados (modelo Arcadia). Esta integración requiere unas especiales atenciones que sólo puede proporcionar un CEE pensado para integrar a enfermos mentales.
Estos datos justifican la necesidad de que la Administración efectúe una discriminación positiva que equilibre la balanza existente entre el acceso al trabajo de los diferentes colectivos de discapacitados. No se trata de discriminar a otros colectivos, si no corregir una situación de marginación, que es una obligación del Gobierno de Aragón, de acuerdo con los principios de su política social.
La mejor fórmula, según la ACEEA, sería la firma de un convenio con los centros que trabajan con el colectivo de enfermos mentales, que está permitido legalmente por los 11 y 12 del R.D. 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.
Este convenio permitiría a los CEE que trabajan con este colectivo reducir los costes del personal de apoyo, percibiendo una compensación económica destinada a equilibrar su presupuesto como consecuencia de sus mayores costes. (Se precisa una persona por cada seis enfermos mentales). Teniendo en cuenta el coste total de un monitor (1.203 euros mensuales), el importe del convenio podría ser de 200,5 euros/mes por enfermo mental.
Un convenio dotado para el ejercicio 2004 con 175.638 euros (200,5 € x 73 trabajadores) permitiría el mantenimiento de los actuales centros, mejorando su actual estructura, y ampliar sus plantillas. El objetivo final sería equilibrar la incorporación de las diferentes discapacidades en los CEE.
En resumen, nos encontramos con un colectivo marginado por la Administración, que no ha efectuado reinvindicaciones colectivas ante la opinión pública como hicieron en su día las asociaciones de psíquicos y físicos, lo que lamentablemente puede explicar el olvido de la Administración. Las empresas y organizaciones que trabajan con este colectivo han renunciado a esta vía por entender, que dadas las características del enfermo mental la utilización de tal medida no sería la más adecuada. Se ha tratado de explicar los problemas de integración de este colectivo a la Administración, con la esperanza, que desde el conocimiento se adoptarían las medidas correctoras oportunas. El tiempo pasa y la situación permanece invariable desde hace 10 años.
No es un problema de presupuesto, sino de decisión política, el presupuesto existe, sólamente es una cuestión de distribución y de introducir nuevas fuentes de financiación para los Centros de Empleo. Reiteradamente se ha trasmitido a la Administración que el mantenimiento, en general de los CEE, no pasa con dotarlos de más subvenciones, sino de trabajo, ya que a medio o largo plazo las subvenciones se recortarán.
En este sentido, desde ACEEA se insiste en la necesidad de introducir medidas de discriminación positiva en las contrataciones de la Administración con los Centros Especiales de actividades susceptibles de ser realizadas por los mismos. Es urgente poner en funcionamiento el sistema de preferencia de los Centros Especiales en las contratas con la Administración. Esta preferencia, que no es discutida por ninguna de las partes, únicamente se ha traducido en declaraciones formales, se tiene que conseguir que se materialice y que se haga efectiva. En la medida que esto se lleve a cabo, las subvenciones serán menos necesarias.
Hay que afrontar este problema desde un punto de vista práctico. Los CEE no van a poder contratar proyectos superiores a 120.000 euros, ya que no tienen la clasificación para contratar con la Administración, ni posibilidades de obtenerla por el propio sistema de concesión de las mismas. Por lo tanto, la Administración tendría que fomentar la adjudicación directa de servicios inferiores a 30.000 euros, ya que es el límite legal para realizarlo de esta forma e incluir una preferencia para los CEE en las contrataciones inferiores a 120.000 euros que son las únicas a las que podrían actualmente acceder los CEE.
EN DICHO ENCUENTRO, LOS CEE DE ENFERMOS MENTALES PROPUSIERON A LA ADMINISTRACIÓN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1.- FIRMA DE UN CONVENIO al amparo de los artículos 11 y 12 del R.D. 2273/1985, por un importe de 175.638 € para el ejercicio 2004.
2.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN que analice las contratas que se realizan por importes que permiten su adjudicación directa, las actividades de los CEE y permitir la realización de las mismas por los CEE.
3.- INCLUIR LA PREFERENCIA EN LAS CONTRATAS DE LOS CEE, dando una puntuación elevada a estos centros en el apartado de valoración de los diferentes contratos y las UTE que se formen con los mismos, como medio para que los CEE obtengan la experiencia necesaria para que, en su caso, puedan acceder a la clasificación para contratar con la administración.
(Más información: Comisión de CEE de enfermos mentales de ACEEA TFO: 976 46 89 90)